Colapso o eficiencia, cuánto tarda de verdad la Justicia española en resolver un caso
“La Justicia está colapsada” es una frase que se repite cada pocos meses en España, casi siempre a raíz de un caso concreto que se eterniza. Los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuentan una historia más matizada: hay jurisdicciones que en 2025 resolvieron más casos de los que entraron, y otras que sí están, literalmente, colapsando. Las dos cosas conviven en el mismo sistema.
El balance general de 2025
Los órganos judiciales españoles recibieron 7.550.806 asuntos en 2025, un 3,2% menos que el año anterior, y resolvieron 7.437.033, un 2% más que en 2024. Hasta aquí, la tendencia parece positiva. Pero la pendencia —los asuntos que siguen en trámite— volvió a crecer: 4.673.596 asuntos seguían abiertos a 31 de diciembre de 2025, un 3,4% más que un año antes, según el informe de la Sección de Estadística Judicial del CGPJ recogido por Iberley. Resolver más casos cada año no basta si el fondo de armario de asuntos pendientes sigue creciendo por encima de esa mejora.
Por qué la palabra “colapso” no vale para toda la Justicia por igual
Aquí es donde el diagnóstico agregado se queda corto, porque el comportamiento cambia radicalmente según la jurisdicción. La civil, la que concentra el mayor volumen de entrada del sistema (3.287.980 asuntos en 2025, un 7,7% menos que el año anterior), ha mejorado de forma notable su capacidad de respuesta: su tasa de resolución pasó del 90,5% en 2018 al 100,6% en 2025, es decir, resolvió ligeramente más casos de los que entraron ese mismo año.
En el extremo opuesto está la jurisdicción social. Solo en Madrid, los juzgados de lo Social cerraron 2025 con 78.518 asuntos pendientes, la cifra más alta de toda la serie histórica desde 2006, con un crecimiento de la pendencia del 26,8% en un solo año y una tasa de congestión de 2,30, la más elevada de todas las jurisdicciones madrileñas. El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha alertado de que ya hay juicios señalados para 2030, lo que en la práctica significa que un trabajador que reclame hoy un despido improcedente puede tener que esperar cuatro años solo para que se celebre la vista, según recoge El Economista. La pendencia en lo penal subió un 76,1% y en lo contencioso-administrativo un 16,7% durante el mismo periodo.
España, sexto país más lento de la UE en primera instancia
Puesto en contexto europeo, el sistema español no sale bien parado. Los indicadores de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) sitúan a España como el sexto país de la Unión donde más se tarda en resolver casos civiles, mercantiles o administrativos en juzgados de primera instancia, con demoras que rondan ya los 300 días de media, casi dos meses más que el promedio comunitario, según recoge El Progreso. El desfase se dispara en las instancias superiores: un recurso civil ante el Tribunal Supremo tarda de media 888 días en resolverse en España, frente a los 172 días de media europea, más de cinco veces más.
Detrás de esa lentitud hay un problema de recursos humanos que los propios datos del CGPJ confirman: España cuenta con 11,24 jueces y magistrados por cada 100.000 habitantes, frente a los 17,6 de media europea, y con 5,37 fiscales frente a 11,10 de media en la UE. Con poco más de la mitad de jueces y fiscales por habitante que el resto de Europa, cualquier repunte de litigiosidad tensiona el sistema mucho más rápido que en países comparables, el mismo tipo de déficit de plantilla que ya vimos al analizar a los funcionarios en España.
El síntoma más visible: la Sala Civil del Tribunal Supremo
El propio Tribunal Supremo ha reconocido el problema en sus propios términos. Solo en 2025, la Sala Civil registró 13.008 asuntos nuevos, y a 31 de diciembre tenía 27.864 recursos pendientes de resolver, más del doble de lo que entra en un año. La situación ha llegado a un punto en el que la propia Sala ha pedido a los abogados que negocien y retiren de mutuo acuerdo 4.500 asuntos, mientras que la Audiencia Nacional ha llegado a paralizar causas por falta de funcionarios, según recoge El Español. Cuando el órgano de más alta instancia del país pide activamente reducir su propia carga de trabajo por la vía del pacto entre partes, el diagnóstico de “colapso” deja de ser una hipérbole periodística.
Una herida que las huelgas de 2023 dejaron abierta
Parte de este atasco tiene un origen muy concreto y reciente: las huelgas de letrados de la Administración de Justicia y personal funcionario de 2023, que llegaron a dejar más de 350.000 juicios suspendidos y 424.000 demandas pendientes en su momento álgido. A eso se suma un problema estructural adicional: el propio proceso de consolidación y estabilización de plazas que arrancó el Ministerio de Justicia en 2022 ha generado, de forma paradójica, situaciones puntuales de falta de personal mientras se completa. El atasco de 2023 nunca llegó a absorberse del todo antes de que la litigiosidad ordinaria siguiera creciendo por encima de la capacidad del sistema.
La respuesta a medio plazo: Justicia 2030
El Ministerio de Justicia tiene en marcha el Plan Justicia 2030, centrado en un expediente judicial electrónico “sostenible”, el uso de inteligencia artificial para agilizar y automatizar la gestión de trámites sin comprometer garantías de protección de datos, y la teletramitación. En junio de 2024 se aprobó además la primera Política de Uso de la Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia. Son medidas con potencial real —automatizar trámites repetitivos podría liberar tiempo de jueces y letrados para lo que sí requiere criterio humano—, pero se aplican sobre un déficit de jueces y fiscales que ninguna herramienta digital resuelve por sí sola: hacen falta más personas, no solo mejor software.
Un sistema con dos velocidades
La imagen de una Justicia española uniformemente colapsada es tan incompleta como la de una Justicia que funciona con normalidad. Lo que muestran los datos es un sistema con dos velocidades muy distintas: una jurisdicción civil que ha mejorado de forma real su ritmo de resolución, y una jurisdicción social, penal y un Tribunal Supremo que acumulan retrasos que ya afectan directamente a derechos básicos —cobrar una indemnización, ejecutar una sentencia, obtener una respuesta en un plazo razonable—. Mientras esa brecha entre jurisdicciones no se cierre, seguirá siendo cierto, al mismo tiempo, que “la Justicia funciona mejor que hace unos años” y que “la Justicia está colapsada”, según de qué juzgado se esté hablando.