Soberanía digital europea, por qué Europa no tiene su propia nube ni sus propios chips

Europa es, sin discusión, quien mejor sabe regular la tecnología digital: el RGPD, la Ley de Mercados Digitales, el AI Act o la Ley de Datos son referencias que otros países copian. El problema es que regular bien la tecnología de otros no es lo mismo que tener la propia. Mientras Estados Unidos y China compiten por liderar la infraestructura de la IA, Europa se ha quedado, casi por completo, como cliente de ambos.

Quién manda de verdad en la nube europea

Empecemos por la capa más básica de todas: dónde viven los datos y las aplicaciones. Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud controlan conjuntamente más del 70% del mercado cloud europeo —AWS con casi un 33%, Azure con un 20% y Google Cloud con un 11%—, mientras que los proveedores europeos como OVHcloud, Hetzner o Scaleway se reparten apenas un 15% del pastel. No es solo una cuestión de tamaño de mercado: la ley estadounidense CLOUD Act permite a las autoridades de EE. UU. exigir a las empresas americanas la entrega de datos alojados en sus servidores, con independencia de dónde estén físicamente ubicados. En la práctica, los datos financieros de un cliente europeo alojados en AWS o Azure pueden acabar siendo, en teoría, accesibles para la justicia estadounidense.

La demanda de alternativas ya existe: el 60% de los directores de Sistemas de Información y de TI en Europa Occidental quiere aumentar el uso de proveedores de nube locales, y se espera que el mercado europeo de “nube soberana” crezca de poco más de 20.000 millones de euros actuales a más de 100.000 millones en 2031. Pero hay una paradoja incómoda en medio de ese crecimiento: pese a ese aumento de la demanda, se prevé que la cuota de mercado de los hyperscalers estadounidenses en Europa se mantenga estable durante 2026. Querer una alternativa y tenerla disponible, de momento, son cosas distintas.

Los chips, la meta que la propia Unión Europea ya ha rebajado

Si en la nube el diagnóstico es de dependencia, en los semiconductores es directamente de objetivo fallido. La primera Ley de Chips europea, de 2023, se marcó como meta alcanzar el 20% de la cuota mundial de fabricación de semiconductores para 2030. La cuota real de Europa lleva estancada en torno al 10% desde entonces, y el Tribunal de Cuentas Europeo concluyó en 2025 que es altamente improbable que se llegue al objetivo, con una previsión de apenas el 11,7% en 2030.

La magnitud del problema explica por qué: alcanzar ese 20% exigiría cuadruplicar la capacidad de producción actual, y según los cálculos de ASML, requeriría una inversión de capital de 251.000 millones de euros hasta 2030, casi el triple de la financiación anunciada en la propia Ley de Chips. Ante esa distancia entre el objetivo y los recursos reales disponibles, la Comisión Europea presentó el 3 de junio de 2026 una revisión, la llamada “Chips Act 2.0”, que nace del reconocimiento incómodo de que la primera ley no acercó a Europa al objetivo que se había marcado a sí misma.

El plan que intenta unir todas las piezas: EuroStack

Frente a este diagnóstico —dependiente en la nube, rezagada en chips—, ha ganado fuerza una propuesta más ambiciosa y menos conocida fuera de círculos especializados: EuroStack. No es un producto ni una empresa, sino una hoja de ruta para reconstruir de forma coordinada siete capas de la tecnología digital europea: materias primas, chips, redes, internet de las cosas, nube, software, y datos e inteligencia artificial. La idea de fondo es que no sirve de nada dominar una sola capa si las otras seis siguen dependiendo de proveedores externos.

La propuesta ha ganado respaldo político real: el Parlamento Europeo aprobó en enero de 2026 una resolución que insta a priorizar opciones no estadounidenses en la contratación pública digital y a reforzar las capacidades tecnológicas propias. El propio informe de EuroStack calcula que alcanzar una soberanía digital completa exigiría una inversión mínima de 300.000 millones de euros hasta 2035, con un primer paso de 10.000 millones para un fondo europeo de innovación tecnológica. Son cifras que dan la medida real del problema: no es una cuestión de voluntad política puntual, sino de una inversión sostenida durante más de una década.

Por qué esto no es solo un debate de infraestructura

Esta dependencia tiene consecuencias muy concretas más allá de la teoría geopolítica. Las gigafábricas de IA que Europa quiere construir necesitan chips que hoy no fabrica, alojados en centros de datos que hoy no son mayoritariamente europeos, para entrenar modelos que compiten con los de empresas estadounidenses y chinas que sí controlan su propia cadena de valor de punta a punta. Cuanto más avanza la carrera de la IA, más caro y más urgente se vuelve resolver esta dependencia, porque cada capa que no se controla —chips, nube, modelos— es una capa en la que Europa negocia desde una posición más débil, tanto frente a Washington como frente a Pekín.

Regular bien no sustituye a construir

El resumen honesto de la situación es este: Europa ha demostrado que sabe poner límites y reglas a la tecnología digital mejor que nadie, pero las reglas no fabrican chips ni levantan centros de datos propios. Mientras esa brecha entre capacidad regulatoria y capacidad industrial no se cierre, Europa seguirá teniendo mucho que decir sobre cómo se usa la tecnología y muy poco sobre quién la controla. EuroStack y la Chips Act 2.0 son la primera vez que esa brecha se reconoce con cifras concretas encima de la mesa; falta por ver si, esta vez, van acompañadas de la inversión sostenida que todos los diagnósticos anteriores han identificado y ninguno ha llegado a cubrir del todo.